Miércoles, 26 Septiembre 2018

 Jorge Medina Rendón - Director

 

Contraloría condenó fiscalmente a contratistas del Panóptico de Ibagué

Bogotá, 15 de abril de 2018 La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por más de $1.239 millones de pesos contra los contratistas a cargo de las obras de restauración del Panóptico de Ibagué: el Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima, su representante legal, Jaime Garzón Chica y sus socios, Víctor Armando Cortés Torres y Sonia Luz Alvaro Calvache. 

El Panóptico fue construido hace más de 120 años, como sitio de reclusión de prisioneros peligrosos, y declarado monumento nacional en 1997 por sus características de joya arquitectónica. 

Ejecutando recursos aportados por el Ministerio de Cultura, provenientes del Convenio Interadministrativo No. 672 del 27 de diciembre de 2001, la Gobernación del Tolima contrató en 2006 la restauración y reconstrucción del Panóptico, con el Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima (contrato de obra No. 215 de 2006). 

A la larga, el proyecto terminó convirtiéndose en un absoluto “Elefante Blanco”. 

Se trataba de una obra compleja que implicaba la restauración de las edificaciones del Panóptico y de la llamada “Casa del Alcaide; así como un nuevo edificio tendiente a la modernización del monumento; y las obras paisajísticas y de entorno urbano. 

Sin embargo, la Contraloría a través de su Gerencia Departamental Colegiada en el Tolima, pudo establecer que al finalizar el término de ejecución de la obra se presentaron serias afectaciones técnicas y estructurales, así como ítems contratados pero no ejecutados, por lo que la inversión efectuada no cumplió el propósito cultural de restauración de un monumento nacional. 

Las deficiencias técnicas y estructurales presentadas por la obra se resumen entre otros en: errores en la estructura metálica de la cubierta; materiales incompatibles en los acabados del Panóptico; daños de material y fisuras en muros pañetes y pinturas, entre otros. 

Contundente material probatorio demostró irregularidades 

Los informes de interventoría de las obras permitieron detectar las irregularidades en que incurrieron los contratistas. 

Una interventoría posterior a la inicial no solamente recomendó la aplicación de sanciones contractuales, sino que dejó constancia por escrito en sus informes sobre las irregularidades técnicas y estructurales de las obras, que le permitieron a la Contraloría comprobar el hecho generador del daño patrimonial. 

Los ingenieros de la Contraloría pudieron constatar directamente el estado de las obras y probar de manera contundente las deficiencias que se presentaron en la ejecución del contrato para la restauración del monumento. 

Contraloría advirtió irregularidades para liquidación del contrato 

En su momento, en ejercicio de la entonces denominada Función de Advertencia, y ante la importancia cultural e histórica de la obra, la Contraloría General de la República puso en conocimiento de manera oportuna, tanto de la Gobernación del Tolima como del Ministerio de Cultura, las circunstancias que se venían evidenciado en la ejecución del contrato, con el fin de que las autoridades competentes tomaran las acciones pertinentes. 

Por lo anterior, el Contrato de Obra 215 de 2006 fue liquidado unilateralmente mediante Resolución 03360 del 15 de julio de 2011, ordenándole al contratista la devolución a favor del Departamento, de $1.394 millones de pesos. 

Condena en firme 

El fallo de primera instancia adoptado por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Tolima, de fecha 23 de enero de 2018, fue apelado por lo que la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, a través de la Dirección de Juicios Fiscales, adelantó la correspondiente revisión y confirmó la condena contra los contratistas del Panóptico, mediante el Auto No. 000315 del 21 de marzo de 2018. 

En efecto, revisado el acervo probatorio se estableció la cuantía del daño en $968.245.742, que en pesos de la época corresponden a las sumas pagadas a favor del contratista por las obras que finalmente no cumplieron su propósito. Dicha suma, indexada a la fecha del fallo, arrojó los $1.239.367.390 a los que fueron condenados los contratistas responsables. 

La Contraloría en su decisión manifestó expresamente que durante la ejecución de las obras, “no se llevó a cabo el proceso de control de calidad sobre el material que se instaló en la estructura y entramado de la cubierta y entrepiso, notándose defectos por contenido de humedad y por mezcla de maderas”. Así mismo, “no es claro por qué los materiales de obra (madera y caña brava), que tienen una garantía mínima de 10 años, se encuentran en el estado de deterioro actual, sin haber sido recibida la obra en su totalidad”. 

El fallo de segunda instancia confirmó que el detrimento patrimonial se ocasionó como consecuencia de la falta de planeación, supervisión, control y compromiso de los supervisores del contrato, así como de los contratistas, el interventor inicial y los diseñadores de la obra. 

Según la decisión de la Contraloría, el daño fiscal se encuentra plenamente identificado y corresponde al reconocimiento y pago de unos ítems que no fueron debidamente ejecutados presentándose faltantes en cantidades de obra, deficiencias técnicas, estructurales y de calidad o parcialmente ejecutadas o sin ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima. 

Responsables condenados por la Contraloría 

En forma solidaria y a título de culpa grave, la Contraloría General de la República condenó con responsabilidad fiscal al contratista de la obra el Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima, así como sus integrantes. 

El Consorcio estuvo representado legalmente por Jaime Garzón Chica, y lo integraron el mismo Garzón Chica, con una participación del 40%; Víctor Armando Cortés Torres, con una participación también del 40%; y Sonia Luz Álvaro Calvache, con una participación del 20%. 

La Contraloría pudo establecer que las actas de recibo parcial de la obra fueron suscritas, todas y cada una, por el señor Jaime Garzón Chica, por lo que se le imputó responsabilidad fiscal tanto al Consorcio como a sus integrantes, tomando en consideración que el contratista de obra presta colaboración a la administración, debiendo enmarcar su conducta en los principios que rigen la función administrativa y que se desprenden del artículo 209 de la Constitución Política. 

Sin embargo, las actas suscritas por el Consorcio daban cuenta de una obra recibida a satisfacción, y que cumplía cabalmente con todos los ítems y cantidades de obra contratadas, omitiendo los constantes requerimientos, observaciones y objeciones que se les efectuaron, y que desatendieron desconociendo de paso el Plan de Contingencias que se les había presentado. 

El desarrollo de la obra, incluidas sus suspensiones y reiniciaciones, fue el siguiente:

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