Domingo, 19 Mayo 2019

 Jorge Medina Rendón - Director

 

En 9 meses al país se le han ahorrado $1,7 billones en procesos judiciales: ANI

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2019. En los nueve meses de Gobierno del Presidente Iván Duque, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha logrado ahorrarle al Estado cerca de $1,71 billones en pretensiones económicas presentadas por concesionarios en 7 tribunales arbitrales, además ha obtenido $206 mil millones en fallos a favor de la Entidad.

“La defensa de los intereses del Estado y de todos los contribuyentes siempre ha sido una prioridad para el Gobierno del Presidente Iván Duque, por eso en la ANI trabajamos para que en todos estos procesos se garantice una defensa judicial acertada y responsable”, indicó el Presidente de la ANI, Louis Kleyn.

Las principales peticiones de las demandas presentadas por los concesionarios y, en las que los tribunales le han dado la razón a la Agencia Nacional de Infraestructura, fueron para que se les eximiera de responsabilidades contractuales, para que la ANI no declarará el incumplimiento del contrato, o se declarará la nulidad de contratos de transacción y/o firmas de otrosíes, entre otros aspectos.

Hay que recordar que la ANI ha salido favorecido en diferentes laudos que se han dirimido con concesionarios como Airplan S.A.; la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A.; Opain S.A.; La Unión Temporal Desarrollo Vial del Norte de Bogotá (Devinorte) y la Concesionaria Vial de Colombia S.A .S. – CONVICOL S. A. S., por mencionar algunos.

Hay que aclarar que los tribunales de arbitramento son escenarios judiciales conformados por expertos en contratación de infraestructura, que le han permitido a las partes (ANI y concesionarios), contar con una herramienta eficaz y especializada para resolver sus controversias con mayor celeridad, neutralidad y especialidad en la resolución de estos conflictos, en comparación con la justicia ordinaria, pero con los mismos efectos y alcances de una decisión judicial.

¿Qué es un arbitraje?

El mecanismo del arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos amparado constitucionalmente y legalmente, dirigido por particulares, que para el caso de las controversias en que es parte la ANI, está conformado por 3 árbitros y un secretario de las más altas calidades personales y profesionales, y un Centro que administra el trámite.

El costo del trámite depende de la cuantía de la controversia y los honorarios y gastos están limitados por lo establecido en la ley y en los contratos de concesión.

La designación de los árbitros se hace de mutuo acuerdo entre la Entidad y el Concesionario. No obstante, la ANI previamente debe cumplir una directiva presidencial para la revisión y valoración de los candidatos a proponer para conformar el Tribunal.

El proceso arbitral sigue pasos muy similares a los de un proceso judicial. La decisión, denominada Laudo, tiene los mismos efectos y alcances de una sentencia judicial, destacándose que no cuenta con una segunda instancia, pues sólo procede un recurso extraordinario denominado “de anulación”, cuyas causales de invocación están previstas en la ley.

Con información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)