Lunes, 10 Diciembre 2018

 Jorge Medina Rendón - Director

 

Denuncian daño patrimonial de $10 mil millones por 7 pistas de aterrizaje inconclusas y abandonadas

Así lo determinó la Contraloría General al concluir una Actuación Especial originada en una denuncia presentada por una Asociación Indígena de Vaupés. Se trata de recursos de regalías que se dieron como anticipo al contratista. 

Bogotá, 5 de diciembre de 2018.- La Contraloría General de la República determinó un daño patrimonial de más $10 mil millones de pesos por el uso recursos de regalías que entregó la Gobernación de Vaupés a una Asociación para adelantar un frustrado proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Aeroportuaria de este departamento. 

Esto en razón a que las 7 pistas de aterrizaje que se construirían, e iban a beneficiar a comunidades indígenas de la región, quedaron inconclusas y abandonadas. 

Una denuncia sobre el tema presentada por la Asociación Indígena de Vaupés llevó a la Contraloría realizar una Actuación Fiscal que concluyó determinando un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $10.195.591.978,00. 

Las pistas inconclusas están ubicadas en las comunidades indígenas de Tapurucuara, Buenos Aires, Piracuara, Yavaraté, Tiquié, Piedra Ñi y Yapú. 

Los auditores de la CGR detectaron deficiencias en la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Aeroportuaria del Departamento del Vaupés”, aprobado y viabilizado por el OCAD – Región Llanos –mediante Acuerdo No 005 del 17 de junio de 2015 para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, siendo su ejecutor la Gobernación de Vaupés. 

Irregularidades precontractuales y contractuales 

En el marco del proyecto, se suscribió el Contrato Interadministrativo de obra No. 414 de 2015, celebrado de manera directa el 29 de diciembre de 2015, por valor de $20.391.183.956, con la Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y de la Orinoquía – ASOMAROQUIA, en el que se estableció un plazo de ejecución de 8 meses. 

Y en marzo de 2016, se le entregó al contratista el 50% de ese valor ($10.195.591.978), a título de anticipo. 

A partir de este pago se evidenciaron múltiples situaciones irregulares, las que habían sido iniciadas con la modalidad de selección utilizada para escoger al contratista. Además, se presentaron numerosas suspensiones y prórrogas en su ejecución. 

Es así como se emitieron actos administrativos presuntamente irregulares precontractuales y contractuales, tanto por parte de la Gobernación de Vaupés como del propio contratista, todo esto con el aval del interventor y supervisor. 

La ejecución del contrato de obra, sumada al de interventoría ascendió a $21.648.254.993,00 

El contrato fue irregularmente suspendido de manera indefinida por más de un año por parte de la administración departamental por haberse presentado una inhabilidad sobreviniente del contratista, lo que condujo posteriormente al vencimiento de términos del contrato y aún con todo fueron reanudados los términos para pretender el cumplimiento del objeto contractual. 

Dos años de ejecución y un avance del 25% 

Los ingenieros de la CGR visitaron las pistas de aterrizaje y allí pudieron evidenciar que efectivamente las obras estaban abandonadas, inconclusas y con un avance aproximado del 25 por ciento, sin ninguna pista en funcionamiento, pese a llevar dos años de ejecución contractual, aunque informes de la supervisión indicaban que la obra se encontraba con “un avance mayor del 50%”. 

Los informes técnicos de la Contraloría señalan que las especificaciones y las exigencias técnicas que se requieren para el tipo de pistas que se pretendían construir para el aterrizaje de aeronaves DC3, eran ambiciosas desde el mismo proyecto, teniendo en cuenta las condiciones para una zona selvática y de difícil acceso, como son estas 7 comunidades indígenas. 

Tal situación se refleja en la ejecución contractual del contrato, en la que no se evidencia la intervención de las obras conforme a las especificaciones técnicas y normas aeronáuticas que se indicaron en el proyecto. 

Todo esto llevó a que todas las obras se encuentren inconclusas, abandonas y sin funcionamiento, impidiendo que presten servicio a las comunidades indígenas, que tanto necesitan que llegue transporte de mayor capacidad para la alimentación escolar, servicio médico y otras necesidades básicas.

 

El daño patrimonial determinado por la Contraloría se traduce en un hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal y posibles connotaciones penal y disciplinaria.