A pesar que no se conoce el texto del proyecto de ley sobre Solidaridad Sostenible al que todo el mundo le llama Reforma Tributaria, muchos han sido los comentarios y análisis que se han hecho sobre lo que supuestamente será su contenido, resaltándose lo bueno, lo malo y lo feo de las propuestas tributarias que hasta ahora se dan como ciertas.

En ese mundo de lo bueno, de lo malo y de lo feo, me permito dar a conocer, solo para efectos pedagógicos, unos aspectos, que por hacer parte de lo que seguramente será el debate, también vale la pena, considerar y evaluar.

Con base en información publicada aquí y allá, entrevistas que han dado los autores y protagonistas de las propuestas, así como análisis de los especialistas, permítanme darles conocer este listado –reitero- solo para considerar y evaluar, pero también para debatir.
Posibilidades de que Colombia pierda su grado de inversión en el segundo semestre aumentan a medida que avanza el 2021.

Algunos sectores consideran que de darse esta situación el país quedaría en una posición bastante compleja, desde el punto de vista económico. Si las calificadoras de riesgo decidieran rebajar la nota de Colombia harían que las empresas se vean directamente afectadas, debido a que la inversión extranjera directa se reduciría de manera considerable.

Esto, en la medida que dicha calificación haría ver a las inversiones a nivel local como riesgosas, por lo que tendrían que incurrir en el pago de una mayor prima de riesgo.
Hacer frente al endeudamiento del país (aumentado por la pandemia), que cerró el 2020 en 619,5 billones de pesos, el equivalente al 61,4 por ciento de su producto interno bruto.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, entre el 2020 y lo corrido de este año el país se ha gastado 80 billones de pesos por causa de la emergencia sanitaria: 40 billones de pesos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y 40 billones de pesos adicionales, que dejaron de recaudarse por IVA a causa del cierre de las actividades productivas.

Reducir en un 66,2% el aumento que se calcula para la pobreza monetaria con el fin de amortiguar el golpe que están teniendo los hogares más pobres y vulnerables en el país por culpa de la pandemia. En términos prácticos reducir en 7,9 puntos porcentuales la pobreza extrema, 4,2 puntos porcentuales la monetaria y se podría ver una disminución de 3,2 en el coeficiente Gini, que mide la desigualdad.

El Conpes de reactivación que publicó recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y estimaciones de la misma entidad, nos informan que el impacto de la pandemia haría que Colombia suba de 37,5 por ciento a 42,04 por ciento en pobreza
monetaria, un alza de 6,3 puntos porcentuales.

Para el caso de la pobreza extrema, que son todas aquellas personas que viven con $137.350 al mes en el total nacional, el DNP estima que el aumento de la pobreza extrema por culpa del Covid subiría de 9,6% a 11,6%, mientras que Fedesarrollo y el Banco Mundial creen que puede subir a 14,6% y 14,7%.

La Encuesta de Pulso Social del Dane, con corte a febrero pasado, da buena cuenta del drama que viven millones de familias en el país.

Según este informe, en el segundo mes de este año fueron 2,4 millones los hogares que reportaron consumir menos de tres porciones diarias de alimento; otros 2,2 millones de familias dijeron que comen menos de dos veces al día, mientras que los integrantes
de 179.174 hogares se alimentan solo una vez a diario y 23.701 hogares dijeron que a veces no tienen siquiera una comida en el día. Una verdadera tragedia.

Del total que se piensa recaudar, se prevé destinar casi 10 billones de pesos al año en nuevo gasto social permanente, de los cuales 7,6 billones corresponden al Ingreso Solidario, 0,4 billones a programas de primer empleo y matrícula cero; 1,5 billones en la compensación del IVA; y 15,9 billones restantes al pago de deuda.

Aumentar el alcance el programa Ingreso Solidario, (que hoy entrega 160.000 pesos mensuales a 3 millones de familias en pobreza extrema y vulnerabilidad), pero que a partir de la posible reforma sería permanente y cobijaría a unos 4,7 millones de familias en
pobreza extrema y vulnerabilidad (18,8 millones de personas) de los cuales 1,3 millones son población en pobreza extrema y 3,4 millones en pobreza; estas pasarían a recibir 360.000 pesos mensuales.

Mantener en cuanto al monto y el número de beneficiarios los programas sociales o de transferencias monetarias que ya existen, como Jóvenes en Acción (500.000 jóvenes), Colombia Mayor (1.700.000 personas) y Familias en Acción (700.000 personas).

Extender la devolución del IVA que hoy entrega 76.000 pesos cada dos meses a las familias más pobres y vulnerables. La idea es subir el valor de la compensación a 45.000 pesos mensuales y cobijar con estos recursos a 4,7 millones hogares, pasando del 20 por ciento a
toda la población pobre o 40 por ciento de los habitantes del país. Se dice que de los 10,5 billones de pesos que se recojan en IVA se devolverán 1,5 billones de pesos, de forma anticipada.

Consolidar el Fondo de Solidaridad Educativa, mediante el cual se garantizó la matrícula cero al 70 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas durante la pandemia. La idea es garantizar matrícula cero a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades
públicas. Esta iniciativa busca que unos 720.000 estudiantes sigan estudiando sin pagar matrícula.

A lo anterior súmese un subsidio de las cotizaciones de seguridad social por cinco años a grupos de jóvenes, personas discapacitadas, aprendices del Sena y adultos mayores sin pensión.

Creación de un incentivo para la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años, por un periodo de cinco años. Dicen que el gobierno buscará que el Congreso apruebe que la nación asuma los aportes a seguridad social.

Extender durante este año el Paef, que es el subsidio a las nóminas de empresas cuyos ingresos se afectaron por la pandemia en al menos un 20 por ciento.

Aliviar la carga tributaria para las micro y pequeñas empresas, que concentran el mayor número de empleos. Se dice que se propondrá que a las pequeñas empresas y los micronegocios se les bajará la renta que hoy en día tienen de 31% a 24%.

Cofinanciación de los sistemas de transporte masivo por Fome de las siete ciudades capitales, incluida Bogotá, para evitar así la quiebra de ese servicio público esencial.

Gravar el uso de los plásticos, al carbón como combustible (impuesto al carbono), y que el impuesto vehicular no sea por precio del automotor, sino por contaminación.

Fuentes e incluso textos de: La Republica, Portafolio, El Tiempo y Semana

Por César Lorduy Maldonado

Representante a la Cámara por el Atlántico

Partido Cambio Radical