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Desde Montería (Córdoba), el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dio a conocer las acciones investigativas lideradas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en articulación con la Policía Nacional, que permitieron judicializar a presuntos responsables de cometer delitos contra la fauna y los recursos naturales en el país.

Los resultados se lograron en Magdalena y Córdoba, en los siguientes casos:

  • Muerte de una manatí en Tasajera

La investigación adelantada permitió la judicialización de Aldair José Álvarez Orozco y Frank David Hernández Trullot, como presuntos responsables de agredir y causarle la muerte a una manatí.

Las evidencias dan cuenta de que los procesados, junto con otros habitantes de Tasajera (Magdalena), al parecer cazaron al mamífero que había sido rescatado y devuelto a su hábitat natural días antes, y presuntamente lo hirieron con un arpón, lo apalearon e incluso le amarraron el hocico para evitar que respirara.

En este sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los procesados los delitos de daño a los recursos naturales y maltrato animal agravado. A Hernández Trullot también le endilgó el delito de extorsión porque al parecer exigió dinero a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para devolver al mamífero que ya estaba agonizante. Los dos hombres aceptaron cargos.

  • Deforestación el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo

Las acciones de la Fiscalía y la Policía dejaron en evidencia una red criminal señalada de talar árboles de especies protegidas en el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, lo que estaría generando impacto negativo en los ecosistemas de los valles de Sinú y San Jorge, en Córdoba.

De acuerdo con la información y el material probatorio recopilados, la estructura extraía la madera del área de reserva para posteriormente trasportarla a Montería (Córdoba) y a municipios aledaños, donde la comercializaba con grupos armados como el Clan del Golfo, generalmente para la construcción de complejos y el transporte de cocaína o en la fabricación de lanchas usadas para la comisión de los ilícitos.

Asimismo, se presume que la red instrumentalizaba comunidades indígenas de la región para que realizaran la tala, teniendo en cuenta su amplio conocimiento de la zona y de las especies que resultaban más rentables.

En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Montería y Tierralta (Córdoba) fueron capturadas nueve personas por orden judicial; además, se incautaron 110 metros cúbicos de madera tipo brasilete, cedro, campano, entre otras especies protegidas; y documentos con información contable.

Los detenidos, seis hombres y tres mujeres, serán presentados ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará, según su posible nivel de participación, el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables agravado, por tratarse de especies protegidas.