“De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”

                                                                                      Oscar Wilde

LA INFLACIÓN GALOPANTE

Como es bien sabido estamos en presencia de una ola inflacionaria global y un frenazo de la reactivación que pueden conducir a la temida estanflación, entendida esta como estancamiento combinado con inflación. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y es así como la inflación galopante ha elevado el Índice de precios al consumidor (IPC) en los primeros cinco meses hasta el 9.07%, el triple de la meta que se había fijado el Banco de la República para este año  del 3%, en un rango entre 2% y 4%. En un esfuerzo desesperado por contenerla ha elevado la tasa de interés de intervención desde 3% en diciembre pasado hasta el 6%, duplicándola, luego de su Junta del 29 de abril pasado, cuando la subió por sexta vez desde septiembre de 2021.

Esta inflación, según el DANE, ha golpeado con más severidad a los hogares pobres y vulnerables con un aumento del IPC de 10.68% y 10.47%, respectivamente. Ello obedece a que el alza en los precios de los alimentos, que son los que absorben la mayor proporción de su ingreso, alcanzó el 21.6% en mayo. Después de lo precios de los alimentos se destaca la escalada alcista de las tarifas de los servicios públicos, particularmente la de energía que se situó en el 17.3%. Para un mejor entendimiento de la causalidad y los efectos de estas alzas de la tarifa de energía, veamos cuáles son las variables de la ecuación que determinan la tarifa o costo unitario del KWH (CU): G + T + D + C + P + R.

POR QUÉ SUBEN LAS TARIFAS

Al analizar los factores que más incidieron en esta alza desmesurada de la tarifa de la energía hemos podido establecer que el principal de ellos es el aumento del Índice de precios al productor (IPP) al cual están atados los cargos de generación (G), que representa el 30%, de transmisión (T), el 12%, y distribución (D), el 40%, que alcanzó en mayo el 34.32% y para el año completo sobrepasó el 22%. Cabe advertir que el mayor crecimiento del IPP y su indexación se atribuye al cambio de metodología de su cálculo y estimación por parte del DANE para este año. El cargo por comercialización (C), que representa entre el 15% y el 20%, en cambio, no se ve afectado por el IPP sino por el IPC, que también ha subido sensiblemente.

Desde luego, también incide en este inusitado incremento de los precios y las tarifas de energía el cargo por restricciones (R), ya que este guarda una correlación inversa con el precio en bolsa de la energía y este ha bajado ostensiblemente, hasta los $100 el KWH a consecuencia del alto nivel de los embalses, que superan el 80%. Por ello este cargo, establecido por la CREG con base a su Resolución 119 del 21 de diciembre de 2007,  ha subido también, fluctuando alrededor de los $35 – $40 el KWH.

Es de anotar que este aumento en las facturas de los usuarios de la energía, regulados y no regulados, se da después del congelamiento de las tarifas en 2020 para paliar el impacto de la pérdida del empleo y el ingreso de muchos de ellos a consecuencia de las medidas de contención y mitigación de la pandemia del COVID 19, cuando aún no se reponen del mismo. A través de la “opción tarifaria”, prevista en la Resolución 012 de 2020 de la CREG se dispuso diferir en el tiempo los reajustes en las tarifas. Esta disposición se mantuvo posteriormente, extendiéndola por 5 años a través del Decreto 1231 del 11 de septiembre de 2020, a la cual le vino a dar alcance el Decreto 1645 de septiembre 10 del mismo año. También el cargo por restricciones (R), de $52.37 en el caso de Air´e y $49.87 aplicado por Afinia superan ampliamente el promedio nacional.

EL RÉGIMEN TARIFARIO TRANSITORIO Y ESPECIAL DEL CARIBE

Pero, indudablemente, en donde más se ha sentido esta alza desproporcionada de las tarifas de energía es en la región Caribe, en donde sus dos mercados, Caribe Mar y Caribe Sol, son servidos por los operadores Afinia y Air´e, en el primero con un incremento en los primeros cinco meses de este año del 33.52% y  en el segundo 44.55%, respectivamente, muy superior al promedio en el interior del país que está en un rango entre el 20% y el 25%. Con toda razón afirmó el Alcalde del Distrito de Barranquilla Jaime Pumarejo que “el alto costo de la energías en la Costa la pone en desventaja frente a otras regiones del país”[1]. A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas (P) en estos dos mercados, que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH.

Ello se explica porque en la Resolución 010 de 2020 de la CREG se estableció que “para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018…para el régimen transitorio especial definido en la presente Resolución, los índices de pérdida eficiente de dichos mercados durante la vigencia del régimen transitorio especial serán iguales a los calculados para el mercado Caribe a la fecha de la expedición de la Ley 1955 de 2019”. De allí que las pérdidas técnicas reconocidas en la fórmula tarifaria y las cuales debe asumir el usuario vía tarifas es del 22% muy superior al 12% que se le reconoce a los demás operadores de red diferentes al Caribe. Es de anotar que Afinia y Air-e, con  el ánimo de suavizar el impacto de la desproporcionada alza tarifaria apeló a la modalidad de la “opción tarifaria”.

Todo ello tuvo su origen en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022), a través del cual, como lo acota la Financiera de desarrollo nacional (FDN), a la cual se le encomendó la estructuración del proceso de solución empresarial que condujo a la escogencia de los dos nuevos operadores de red que reemplazaron a ELECTRICARIBE, se “aumentó el límite de participación en la actividad de comercialización y previó un régimen tarifario transitorio y especial para las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe”[2].

Se trataba, según se adujo en su momento de viabilizar dicho proceso. Y como, según la ponencia para primer debate de dicha Ley, “en la Costa Caribe las tasas de energía son las más bajas en comparación con las demás regiones del país. Por lo anterior (…) las tasas deben subir para que esta región también se ayude”. De allí que el Congreso de la República terminara por facultar a la CREG para nivelar por lo alto las tarifas en la región Caribe, tal y como lo advertimos cuando se tramitaba la Ley de marras[3]. Con tal fin se autorizó la revisión de la metodología para la remuneración de la actividad de la comercialización. De manera que esta alza desmedida en las tarifas en la región Caribe estaba cantada[4]. Por ello causa extrañeza la declaración del Alcalde del Distrito de Cartagena William Daun, en el sentido que “nada de esto lo sabíamos , de que nos iban a subir las tarifas tan drásticamente…es una cosa exorbitante”[5]

No le falta razón al Alcalde del Distrito de Barranquilla Jaime Pumarejo cuando afirma, refiriéndose a los nuevos operadores, que “las empresas hoy están haciendo lo que se les exigió que hicieran”[6]. Palabras más palabras menos, esa es la real realidad, de la cual hay que partir en la búsqueda y hallazgo de soluciones viables y sostenibles, que no pongan en riesgo la meta de prestar el servicio con eficiencia, calidad y continuidad como lo manda la Ley eléctrica 143 de 1994.

Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”. Y así lo admitió la Resolución de la CREG al aprobar el expediente tarifario de estos dos operadores con base de los costos por “planes aplicados”, esto es por las inversiones programadas y no por las inversiones ejecutas como enantes. Así quedó establecido en las resoluciones 024 y 070 de 2021 de la CREG. Como contraprestación se pactó con los nuevos operadores, a través de sendos programas de “gestión acordados de largo plazo”, la inversión de $5 billones por parte de Afinia y $3.7 billones por parte de Air´e en el lapso de 5 años, contados a partir de 1º de octubre de 2020, fecha esta en la cual asumieron la operación de sus dos mercados[7].

Este se hizo efectivo por parte de la CREG mediante las resoluciones 024 y 078 de junio 24 de 2021. Esta vez, a diferencia de lo que se venía dando, en donde la remuneración del cargo de distribución (D) en el costo unitario (U) de la fórmula, se fijaba tomando en consideración las inversiones realizadas, se estableció teniendo como base el plan de inversiones proyectadas tendiente a mejorar la calidad del servicio y la reducción de las pérdidas heredadas, las cuales oscilaban alrededor del 35%, muy por encima del 16% del promedio nacional.

REACCIONAN LOS ALCALDES

Alarmados los alcaldes de las ciudades capitales de los 7 departamentos del Caribe atendidos por Afinia y Air´e se dieron cita en Barranquilla para explorar alternativas de solución a esta problemática. Al final de sus deliberaciones, el Alcalde Pumarejo, asumiendo su vocería manifestó: “en nombre del Caribe pedimos tarifas de energía más justas”[8]. Ellos le hicieron un llamado al nuevo Congreso de la República, recién electo y al próximo Presidente de la República para que se cree un Fondo regional de Estabilización de las tarifas de energía “con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía”[9]. No es claro cuál sería la fuente de financiamiento del mismo y la amarga experiencia del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que se ha convertido en una bomba de tiempo a punto de estallar representada por un déficit que bordea los $30 billones (¡!).

También se planteó “buscar recursos del presupuesto nacional por el orden de los $8 billones, que podrían pagarse en 10 años y así evitar que el aumento sea cobrado al usuario vía tarifa”[10]. Se trataría de que la Nación sea la que financie las inversiones a las que están obligados los operadores, para que las mismas no se trasladen a los usuarios vía tarifas. Ambas propuestas tropezarán, muy seguramente, con su inviabilidad fiscal, dadas las maltrechas finanzas que heredará quien asuma la Presidencia de la República a partir del 7 de agosto.

Y como estamos en medio de la agitación electoral de cara a la segunda vuelta para elegir el próximo Presidente de la República, no faltó quien lanzara al desgaire promesas, que más parecen señuelos electorales para engatusar incautos y atraer votantes. Ya Federico Gutiérrez, aspirante presidencial en la primera vuelta se había comprometido a bajar las tarifas de energía en la región Caribe entre un 30% y un 40% y propuso el Fondo del cual se ha vuelto a hablar ahora en la Cumbre de alcaldes, que “asuma las pérdidas de esas empresas, porque no las pueden asumir las familias pobres[11]. Ahora es el candidato Rodolfo Hernández quien ofrece bajar las tarifas de energía “mínimo en un 20%”[12]. Él atribuye las altas tarifas, en su discurso reduccionista, como una “consecuencia de la corrupción”[13], de tal suerte que bastaría con erradicar la presunta corrupción en el sector para, en un santiamén, Bajar la tarifa en esa proporción.

Lo más urgente en la actual coyuntura es morigerar el impacto de las altas tarifas entre los más vulnerables, que son los estratos 1, 2 y 3, los cuales son sujetos de los subsidios al 60%, el 50% y el 15%, respectivamente de su consumo básico. Según el DANE los estratos 1 y 2 representan el 54.4% de los usuarios. Y cómo hacerlo? Revisando la norma que establece el consumo básico o de subsistencia, de 130 KWH para los usuarios ubicados en regiones que estén por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar y de 173 para aquellos ubicados en regiones por debajo de dicha cota, en donde el clima es más caliente y por ende más exigente en el consumo de electricidad. Tales parámetros están muy alejados de la realidad y deberían ser reajustados, eso sí implementando concomitantemente una medida que estimule el uso racional y eficiente de la energía y disuada su derroche.

En el mediano y largo plazo se espera que la inflación ceda y con ella bajen tanto el IPC como el IPP, lo cual significaría un alivio para los usuarios. Como es bien sabido la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. De allí que el fin último de la Transición energética en curso es garantizar la seguridad energética. Desde luego, es de esperar que la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a la matriz energética a la que dará lugar, además de contribuir a robustecerla, diversificarla aún más y hacerla más resiliente frente al cambio climático, repercuta en una baja de los precios y las tarifas de la energía y ello se refleje en la factura mensual que reciben los usuarios de este servicio caracterizado por la Ley eléctrica como esencial.

Obviamente que, para que ello sea posible, es menester repensar, revisar y ajustar las normas regulatorias que rigen la formación del precio de la energía en el mercado mayorista como ya lo viene haciendo el Consejo de la Unión Europea, de tal manera que estas den señales apropiadas que combinen el incentivo del uso racional, así como la eficiencia energética en toda la cadena de valor del sector. En ello habrá de jugar un rol de la mayor importancia el consumidor, que en adelante esta llamado a ser mucho más proactivo de lo que es hoy en procura de suavizar y en lo posible aplanar su curva de consumo de energía. A ello contribuirán, no me cabe la menor duda, la generación distribuida, la autogeneración con paneles solares y la pronta instalación de la infraestructura de medición inteligente (AMI, por su siglas en inglés), contempladas en la hoja de ruta de la Transición energética inteligente en marcha[14].

Por Amylkar D. Acosta Medina Miembro de Número de la ACCE

Medellín, junio de 2022

www.amylkaracosta.net


[1] www.emisoraatlantico.com. Junio, 8 de 2022

[2] Documento CONPES 3985. Marzo, 12 de 2020

[3] Amylkar D. Acosta M. El Plan Nacional de Desarrollo y la Transición energética. Febrero, 21 de 2019. El sector minero-energético en el Plan Nacional de Desarrollo. Mayo de 2019

[4] Amylkar D. Acosta M. Estaba cantada. Octubre, 2 de 2021

[5] Hoy diario del Magdalena. Junio, 10 de 2022

[6] Hoy diario del Magdalena. Junio, 10 de 2022

[7] Amylkar D. Acosta M. El relevo de ELECTRICARIBE. Octubre 1º de 2021

[8] El Heraldo. Junio, 9 de 2022

[9] Ídem

[10]Ídem

[11] El Tiempo. Mayo, 17 de 2022

[12] El Heraldo. Junio, 8 de 2022

[13] Idem

[14] Amylkar D. Acosta M. La Transición digital. Junio, 28 de 2021