Por: Alfonso De La Cruz Martínez
El proyecto presentado por Eduardo Verano a la Asamblea Departamental del Atlántico, que busca comprometer vigencias futuras excepcionales para financiar el “Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana” del Área Metropolitana de Barranquilla, no solo despierta preocupaciones sobre su viabilidad y transparencia, sino que también parece contravenir principios fundamentales de la gestión pública. Estamos frente a una violación flagrante del principio de planeación, piedra angular de la buena administración pública.
El principio de planeación establece que cualquier acción gubernamental debe estar precedida por una planificación detallada y un análisis exhaustivo de las necesidades y recursos. Esto incluye la identificación clara de objetivos, estrategias para alcanzarlos, y un desglose de cómo se utilizarán los recursos asignados. La propuesta de Verano falla en este aspecto: se basa en estadísticas alarmantes para justificar la necesidad de un plan de seguridad, pero no proporciona detalles concretos sobre cómo se invertirán los fondos ni sobre los componentes específicos del plan. Esa omisión no solo es en detrimento de la transparencia y la eficacia potencial del proyecto, sino que también impide que los diputados y la ciudadanía evalúen adecuadamente lo que se pretende hacer.
Adicionalmente, el proyecto parece desatender las estipulaciones del artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, que limita la autorización de vigencias futuras a proyectos específicos como infraestructura y servicios públicos esenciales, y exige que estos estén inscritos y viabilizados en bancos de proyectos. Al no estar el plan de seguridad incluido en el plan de desarrollo departamental, que ni siquiera ha sido presentado para discusión, esto transgrede a todas luces la Ley.
La situación se agrava con el compromiso de un porcentaje significativo de los recursos a largo plazo. Actualmente, un 16% de estos fondos ya está destinado al mantenimiento de alumbrado público, a través de una cesión hecha a una asociación de municipios, pese a que este servicio se cobra a los ciudadanos; más fondos están vinculados a contratos de larga duración para servicios como la limpieza de playas y el mantenimiento de parques, además del 3% destinado a la recaudación de la tasa de seguridad. Este enfoque en compromisos financieros a largo plazo limita la capacidad de futuras administraciones para manejar y asignar recursos en respuesta a las dinámicas cambiantes de seguridad y otros urgentes desafíos sociales.
El proyecto no solo falla en cumplir con los requisitos legales y el principio de planeación, sino que también compromete la flexibilidad fiscal del departamento. Es imperativo que se revise y reestructure el plan, garantizando que cada peso destinado a la seguridad y convivencia se invierta con un enfoque claro, detallado y legalmente sostenible.
La Asamblea del Atlántico debe abstenerse de tramitar este proyecto, hasta que no sea aprobado el plan de desarrollo departamental y en este se establezca con claridad las líneas de inversión en seguridad, no solo para el área metropolitana, sino para los 23 municipios del departamento. Se debe tener presente, que si bien en el área metropolitana es donde se presentan los mayores índices de delitos, hay una creciente ola de inseguridad en todo el departamento. Por lo que no se puede pensar solo en un plan para 5 municipios, sino un plan pensado para todo el territorio.