Bogotá, septiembre 2025: La reciente sanción impuesta por Estados Unidos a tres entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vecto por presunto lavado de dinero, ha encendido las alarmas en América Latina. Aunque el epicentro del escándalo es México, los efectos colaterales pueden extenderse a países como Colombia, cuya estabilidad financiera depende, en gran medida, de su reputación internacional.

Un claro ejemplo de esto se evidencia en un informe de J.P. Morgan donde se muestra una calificación negativa para Colombia en 2024, donde es clara la falta de una estructura política que nivele las finanzas del país y fortalezca la confianza del mercado.

El aislamiento financiero impuesto a estas instituciones afectadas no solo impacta directamente a bancos, sino también a fondos de inversión, fideicomisos y a las operaciones del mercado bursátil. Por ejemplo, si lo vemos desde el sector fintech en Colombia, donde operan más de 390 y el 35,6 % están centradas en soluciones de crédito digital, las afectaciones que pueden sufrir los fondos de inversión las impactaría considerablemente, puesto que algunas fintechs se fortalecen a través del movimiento financiero de estos fondos.

“En América Latina, donde la estabilidad financiera se sostiene sobre relaciones internacionales frágiles y una reputación que se construye con dificultad, resulta indispensable que los gobiernos fortalezcan la comunicación y el entendimiento en torno a las prácticas de prevención del lavado de activos. Sólo a partir de esta articulación podrá pensarse en soluciones innovadoras, como el uso de tecnologías criptográficas (tipo blockchain), que permitan garantizar entre las distintas partes la trazabilidad y la correcta ejecución de las debidas tareas.”, comentó Valentina Valencia CEO de Vaas, una plataforma que automatiza el proceso de gestión de deudas estructuradas en empresas y que está principalmente dirigida a fintech que acceden a millonarios créditos. 

Además esta situación revela otra vulnerabilidad estructural común en la región: la falta de infraestructura adecuada para la gestión y trazabilidad de activos. Muchos actores financieros, especialmente los más pequeños o emergentes, aún operan con sistemas débiles en controles internos, manejo de fondos y monitoreo de riesgos, lo que los expone a serios cuestionamientos regulatorios y reputacionales.

Finalmente, frente a un entorno cada vez más exigente en materia de supervisión financiera global, Valencia agrega, que Colombia debe acelerar la modernización de sus marcos regulatorios, robustecer sus esquemas de gobernanza corporativa y priorizar la inversión en infraestructura tecnológica que respalde la integridad de las operaciones. “La sostenibilidad del sistema financiero no dependerá únicamente de su capacidad de innovación, sino de su preparación para mitigar riesgos sistémicos en un escenario regional altamente interconectado”, puntualizó la experta. 
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