La Sierra bajo otro poder: el Magdalena y Santa Marta bajo el terror de las ACSN
Redacción LGN
De los hombres de Hernán Giraldo a las Autodefensas Conquistadores: la organización que convirtió el miedo, la extorsión y el control territorial en un poder capaz de paralizar Santa Marta y poner a prueba la política de seguridad de Abelardo De la Espriella en el Magdalena.
Por Redacción de La Gran Noticia
Santa Marta amaneció militarizada, pero no necesariamente liberada del miedo.
Más de mil uniformados fueron enviados por el Gobierno Nacional, aeronaves militares sobrevolaron la ciudad y las autoridades pidieron a comerciantes, transportadores y ciudadanos recuperar la normalidad.
Sin embargo, durante dos días buena parte del comercio permaneció cerrado, el transporte público redujo o suspendió operaciones y las calles quedaron semivacías después de que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada —ACSN, conocidas también como Los Pachenca— declararan un paro armado en retaliación por la muerte de uno de sus principales jefes. (EL ESPECTADOR)
El episodio deja una pregunta incómoda: ¿quién tiene realmente capacidad para determinar cuándo abre el comercio, cuándo circula un bus o cuándo una familia decide permanecer encerrada en su casa?
Ese interrogante explica mejor la dimensión del problema que cualquier conteo de hombres armados.
Las ACSN no son únicamente una banda dedicada al narcotráfico.
Durante años han construido en sectores de la Sierra Nevada y su zona de influencia algo más complejo: una gobernanza criminal, es decir, una estructura capaz de cobrar impuestos ilegales, resolver conflictos, imponer comportamientos, controlar movilidad, sancionar ciudadanos, relacionarse con organizaciones comunitarias y regular actividades económicas legales e ilegales.
La Fundación Ideas para la Paz y Naciones Unidas han documentado esa transformación.
Y precisamente por eso el desafío que enfrenta el Gobierno de Abelardo De la Espriella es considerablemente mayor que capturar o abatir a sus cabecillas.
Una historia que no comenzó con Los Pachenca
Para entender a las ACSN hay que retroceder varias décadas.
La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido simultáneamente santuario natural, territorio indígena, corredor estratégico y escenario de sucesivos ciclos de violencia.
A finales de los años sesenta y durante la bonanza marimbera comenzaron a consolidarse allí organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico y a la protección privada de tierras y negocios. Uno de los personajes decisivos fue Hernán Giraldo Serna, quien llegó a la región en 1969 y terminó construyendo una estructura armada conocida inicialmente como Los Chamizos y posteriormente como las Autodefensas del Mamey.
Durante los años ochenta y noventa aquel aparato amplió su dominio territorial. Después se convirtió en las Autodefensas del Magdalena y La Guajira y finalmente, tras las disputas internas del paramilitarismo nacional, quedó integrado a las Autodefensas Unidas de Colombia como Bloque Resistencia Tayrona.
El 3 de febrero de 2006 ese bloque se desmovilizó en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. 1.166 integrantes entregaron 597 armas.
Pero las armas entregadas no significaron que desaparecieran las redes criminales.
Ese es uno de los puntos esenciales de esta historia.
Tras la desmovilización sobrevivieron hombres, contactos, rutas del narcotráfico, relaciones económicas, estructuras sociales y mecanismos de control territorial. Aparecieron sucesivamente grupos como las Águilas Negras, el Frente Cacique Arhuaco, Los Nevados y posteriormente la denominada Oficina Caribe o Clan Giraldo.
En otras palabras: el paramilitarismo se desmovilizó formalmente, pero una parte de su infraestructura criminal mutó.
De la Oficina Caribe a Los Pachenca
En ese proceso apareció Jesús María Aguirre Gallego, conocido como “Chucho Mercancía” o “Chucho Pachenca”.
Había transitado por distintas estructuras armadas y terminó convertido en una figura central de la organización regional.
La Oficina Caribe llegó a acuerdos y enfrentamientos con los grupos que posteriormente formarían las Autodefensas Gaitanistas —hoy Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo—, mientras mantenía control sobre rutas de narcotráfico, puertos clandestinos y actividades de extorsión.
El negocio fue diversificándose.
Según la investigación de la FIP, las estructuras sucesoras obtenían recursos del narcotráfico, pero también de cobros a finqueros, bananeros, comerciantes, hoteleros, empresarios turísticos, transportadores y contrabandistas, además de comisiones sobre combustible ilegal, microtráfico y cocaína que atravesaba sus territorios.
En junio de 2019 Chucho Mercancía murió durante un operativo policial.
La reacción resulta inquietantemente familiar con lo ocurrido esta semana: la organización decretó entonces un paro armado en Santa Marta y la Troncal del Caribe.
Siete años después, la historia acaba de repetirse.
Tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, uno de los principales mandos y responsables financieros de las ACSN, el grupo volvió a utilizar el mismo mecanismo: intimidar a la población y demostrar mediante el cierre económico del territorio que conserva capacidad de coerción. (Policía Nacional de Colombia)
Ese paralelismo es fundamental.
No estamos frente a una reacción improvisada, sino frente a un método de poder.
El nacimiento de las ACSN
Después de la muerte de Chucho Mercancía, distintos mandos reorganizaron la estructura.
Entre ellos estuvieron alias “80”, “5-5”, “Muñeca” y “Pinocho”. La Fuerza Pública capturó o abatió sucesivamente a varios de ellos, pero la organización volvió a recomponerse.
La denominación Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada comenzó a aparecer hacia 2018 y terminó consolidándose alrededor de 2020.
La paradoja es evidente: mientras sus jefaturas cambiaban por capturas o muertes, su capacidad territorial permanecía.
La explicación probablemente está en que el verdadero poder de la organización no depende únicamente de quién ocupe el primer puesto de mando.
Depende de una red.
El negocio del miedo
La extorsión parece haberse convertido en una de las columnas financieras de esa red.
La Fundación Ideas para la Paz calcula que las ACSN pueden obtener entre $6.000 y $7.000 millones mensuales mediante extorsiones a comerciantes, hoteles, empresas turísticas, transportadores, narcotraficantes y otros actores económicos.
Los montos varían enormemente.
En algunos casos se cobran pequeñas sumas; en otros, millones de pesos. Naciones Unidas ha encontrado además testimonios según los cuales algunos establecimientos necesitan prácticamente una autorización criminal para funcionar y deben pagar el denominado “impuesto de guerra”. (S.A.G.A.)
El turismo ofrece un ejemplo revelador.
El corredor comprendido entre Santa Marta, el Parque Tayrona, Buritaca y Palomino se convirtió en uno de los principales polos turísticos del Caribe colombiano.
Pero su crecimiento también abrió una nueva fuente de financiación para estructuras criminales.
La FIP documenta extorsiones a hoteles y operadores turísticos, mientras otras investigaciones describen cobros asociados incluso al funcionamiento de establecimientos y al número de visitantes.
Se produce así una perversión extraordinaria:
cuanto más crece una economía legal, mayor puede ser la renta ilegal que extrae la organización que controla el territorio.
No solamente cobran: también gobiernan
El fenómeno va todavía más lejos.
En áreas rurales y montañosas donde la presencia institucional es débil, las ACSN aparecen como árbitro de conflictos cotidianos.
Establecen normas.
Determinan horarios.
Regulan quién entra y quién sale.
Intervienen en problemas comunitarios.
Imponen sanciones.
Y castigan a quienes desconocen su autoridad.
La FIP documenta amenazas, trabajos forzados, desplazamientos y homicidios utilizados como instrumentos de disciplina social. También identifica relaciones coercitivas con algunas Juntas de Acción Comunal: la estructura puede utilizarlas para transmitir instrucciones y, simultáneamente, suministrar recursos económicos que terminan generando relaciones de dependencia.
Es ahí donde aparece una de las claves más inquietantes de toda esta historia:
El poder de las ACSN no comienza con el fusil. Comienza cuando una comunidad considera más eficaz acudir a ellas que acudir al Estado.
Entonces la organización deja de ser simplemente criminal.
Comienza a disputar funciones estatales.
La montaña controla la ciudad
Investigadores de la región han utilizado una expresión particularmente útil para explicar el fenómeno: “el dominio de la montaña”.
La Sierra Nevada permite observar corredores de acceso a Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe. Su geografía ofrece escondites, rutas internas, posiciones de vigilancia y conexión con el mar.
De allí surge una lógica estratégica sencilla: quien domina las partes altas puede influir sobre las partes bajas.
La demostración acaba de ocurrir.
No fue necesario desplegar centenares de hombres armados por el centro histórico de Santa Marta.
Bastó la amenaza.
Los comerciantes cerraron.
Los buses dejaron de circular.
Las familias permanecieron en casa.
La coerción había sido construida previamente.
Una guerra dentro de otra guerra
Las ACSN tampoco controlan solas todo el territorio.
Desde finales de 2019 mantienen una confrontación particularmente compleja con el Ejército Gaitanista de Colombia —EGC o Clan del Golfo—, que intenta avanzar sobre corredores históricamente dominados por Los Pachenca.
La disputa incluye narcotráfico, extorsiones, movilidad sobre la Troncal del Caribe y control comunitario.
La Defensoría del Pueblo advirtió en diciembre de 2025 que 21 municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira estaban expuestos a riesgos derivados de esa confrontación. Entre ellos figuran Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación, Puebloviejo, Zona Bananera y El Retén. (Defensoría)
En junio de este año emitió una nueva alerta para Sitionuevo por la aproximación de ambas estructuras hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta, territorio estratégico para el tránsito de drogas y armas. (Alertas Tempranas)
Por eso el problema dejó hace tiempo de limitarse a las estribaciones de la Sierra.
La disputa se está extendiendo sobre buena parte del Magdalena.
Petro intentó conversar
El Gobierno de Gustavo Petro abrió en agosto de 2024 un espacio de conversaciones sociojurídicas con las ACSN.
Era una fórmula cuidadosamente diseñada: no significaba reconocerles carácter político, sino establecer conversaciones destinadas a comprobar su voluntad de abandonar la criminalidad y avanzar hacia un eventual sometimiento a la justicia. (Consejería Comisionada de Paz)
El proceso acumuló retrasos, crisis y operaciones militares.
En febrero de 2026 se alcanzó un acuerdo de desescalamiento que incluía compromisos para suspender acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, no interferir en el proceso electoral y proteger a las comunidades.
Pero simultáneamente la organización siguió fortaleciendo su capacidad territorial. La FIP concluyó que una de las características más preocupantes de aquel proceso fue precisamente el aumento del poder local de las ACSN mientras avanzaban los acercamientos con el Estado.
Petro terminó su mandato sin resolver el problema.
Y se lo heredó a Abelardo De la Espriella.
Bendito Menor y La Bebecita: el golpe que anticipó la nueva ofensiva
Antes de la operación contra alias “Cholo”, el Gobierno de Abelardo De la Espriella ya había enviado una señal contundente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En la madrugada del 4 de septiembre de 2026, un operativo policial realizado en el barrio Los Olivos de Riohacha terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, uno de los principales cabecillas de las ACSN y jefe de la subestructura Javier Cáceres. Junto a él murieron su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, y dos hombres que integraban su esquema de seguridad. Pérez Toncel tenía varias órdenes de captura y sobre él pesaba una recompensa de hasta $1.000 millones.
El episodio adquirió una dimensión particular porque “Bendito Menor” había convertido las redes sociales en una extensión de su poder. Se mostraba públicamente con armas, motocicletas, dinero y lujos y difundía mensajes desafiantes mientras las autoridades lo buscaban. Su exposición le había valido incluso el calificativo de “narcoinfluencer”.
“La Bebecita”, sin embargo, no era presentada por las autoridades únicamente como la pareja del cabecilla. Rosa Angélica Tarazona era señalada como integrante activa de la organización y como una pieza relevante de su engranaje financiero y logístico. Un año antes, en septiembre de 2025, su captura incluso había provocado intentos de asonada y acciones de presión atribuidas a órdenes de “Bendito Menor”.
La historia tuvo además una carga simbólica que alimentó la enorme difusión mediática del caso: pocos días antes de morir, Pérez Toncel le había propuesto matrimonio a Tarazona en una playa, en una escena rodeada de rosas y antorchas que la pareja difundió en redes sociales. Poco después ambos murieron en la misma operación policial.
Más allá de esos elementos personales, el hecho tenía una lectura política evidente. De la Espriella estaba inaugurando frente a las ACSN una estrategia basada en la persecución directa de sus principales mandos, en contraste con la vía de conversaciones sociojurídicas desarrollada durante el Gobierno anterior.
Pero el efecto posterior también permitió advertir el límite de esa estrategia: Bendito Menor desapareció, la estructura no. Semanas más tarde cayó
De la Espriella cerró la puerta
El nuevo Gobierno escogió otro camino.
El 30 de agosto de 2026 terminó oficialmente el espacio de conversación sociojurídica y retiró el reconocimiento a los representantes de las ACSN.
La justificación fue categórica: no existían avances suficientes ni una voluntad sostenida y verificable de sometimiento y desmantelamiento. (Caracol)
La nueva política priorizó operaciones militares, capturas y sometimiento a la justicia.
Y el 21 de septiembre se completó otro de sus primeros grandes golpes.
En Quebrada del Sol, Guachaca, una operación de la Policía, la Fiscalía y fuerzas aéreas dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados. Entre ellos estaba alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de la organización. (Policía Nacional de Colombia)
La respuesta de Los Pachenca fue inmediata: paro armado.
Una ciudad paralizada frente a un Estado desplegado
El presidente De la Espriella reaccionó ordenando una ofensiva de seguridad.
Llegaron aproximadamente 1.100 uniformados y aeronaves militares realizaron operaciones de vigilancia y disuasión.
Pero la escena produjo una contradicción política difícil de ignorar.
Mientras el Estado exhibía tropas, aviones y capacidad militar, la población seguía encerrada.
Comercios cerrados.
Clases suspendidas.
Transporte prácticamente detenido.
Según información citada por El Espectador e informes recibidos por lagrannoticia.com las pérdidas económicas en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera podrían ubicarse entre $40.000 y $45.000 millones durante la parálisis. También surgieron denuncias de reclutamiento de menores que deben ser investigadas y verificadas por las autoridades. (EL ESPECTADOR)
La escena plantea un enorme problema de autoridad:
el Estado ocupaba físicamente la ciudad, pero una organización ilegal todavía condicionaba el comportamiento de sus habitantes.
El aparente callejón sin salida de De la Espriella
Ahí aparece el dilema central del Gobierno.
Si negocia nuevamente con las ACSN inmediatamente después de que estas paralizaron una ciudad mediante amenazas, podría transmitir la señal de que la coerción produce interlocución política.
Pero si apuesta exclusivamente por la ofensiva militar, cada golpe contra la estructura puede generar retaliaciones contra una población que vive dentro del territorio que se pretende recuperar.
Y existe un problema adicional.
Capturar o abatir cabecillas no necesariamente destruye la organización.
La historia reciente lo demuestra.
Murió Chucho Mercancía.
Murió alias 80.
Fue capturado 5-5.
Fue capturado Muñeca.
Pinocho fue capturado, enviado nuevamente a Colombia y posteriormente quedó en libertad.
Y la estructura sobrevivió.
Porque el verdadero adversario del Estado no es únicamente la cúpula de las ACSN: es el sistema económico, territorial y social que la sostiene.
El problema de fondo
Probablemente el mayor error sería presentar esta crisis como una confrontación sencilla entre Fuerza Pública y delincuentes.
Existe una dimensión militar, naturalmente.
Pero también hay otra económica.
Otra institucional.
Otra territorial.
Y una profundamente social.
Mientras un hotel pague extorsión para funcionar;
mientras un comerciante necesite autorización clandestina para abrir;
mientras un campesino encuentre justicia más rápidamente ante un comandante ilegal que ante un inspector;
mientras jóvenes encuentren en la organización armada ingresos superiores a los que ofrece la economía legal;
y mientras el Estado aparezca durante una emergencia pero vuelva a desaparecer cuando termina el operativo,
la estructura puede perder hombres y conservar poder.
Santa Marta, la prueba
Por eso lo ocurrido esta semana puede convertirse en una de las primeras grandes pruebas de seguridad del Gobierno De la Espriella.
Su desafío inmediato consiste en restablecer plenamente la movilidad y proteger a comerciantes, transportadores, comunidades rurales e indígenas.
Pero el desafío verdadero comienza después.
Cuando se vayan los aviones.
Cuando disminuya el número de soldados.
Cuando las cámaras de televisión abandonen Santa Marta.
Entonces habrá que comprobar quién continúa impartiendo las reglas en Guachaca, Buritaca, Minca, la Sierra, la Troncal y los barrios periféricos.
Porque una ciudad no recupera su libertad cuando regresan los buses a las calles.
La recupera cuando un comerciante puede abrir sin pedir permiso a un criminal, un campesino puede denunciar sin miedo a morir y un ciudadano puede desobedecer una orden de un grupo armado sabiendo que el Estado permanecerá allí para protegerlo.
Ese es el verdadero tamaño del problema.
Y también la medida con la que deberá juzgarse si el Gobierno logró derrotar a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada o simplemente consiguió sobrevivir al próximo paro armado. (EL ESPECTADOR).
Nuevo Consejo de Seguridad este viernes en Santa Marta
El encuentro permitirá evaluar la situación de orden público y avanzar en las solicitudes planteadas por la mandataria departamental para fortalecer el pie de fuerza y las capacidades institucionales frente a los Grupos Armados Organizados (GAO).
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, realizarán este viernes 25 de septiembre en Santa Marta un nuevo Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento y definir nuevas acciones encaminadas a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.
El encuentro dará continuidad a la articulación entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional frente a los recientes hechos que afectaron la movilidad y la seguridad en diferentes sectores del Magdalena.
Durante la reunión serán abordadas las solicitudes planteadas por la gobernadora Margarita Guerra, entre ellas el fortalecimiento del pie de fuerza y de las capacidades operativas para enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO), así como las necesidades específicas en materia de seguridad del municipio de Ciénaga y otros puntos estratégicos del departamento.
La convocatoria se produce luego del Consejo Extraordinario de Seguridad encabezado por el presidente De la Espriella en Santa Marta y de las acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y las autoridades competentes, que permitieron restablecer la movilidad en el 100 % de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe.
La gobernadora Margarita Guerra confirmó este resultado y reiteró la importancia de mantener una actuación coordinada entre todos los niveles institucionales.
“Atendiendo las necesidades del departamento y por instrucciones del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, impartidas en el Consejo Extraordinario de Seguridad que encabezó, y en articulación con el Gobierno Nacional, la Policía de Santa Marta y la Fuerza Pública, informo que se habilitó el 100 % de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe”, manifestó la mandataria.
Este resultado también estuvo acompañado por las acciones coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), convocado para realizar seguimiento permanente a la situación, articular las capacidades institucionales y adoptar las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía y garantizar la movilidad.
“Desde la Gobernación del Magdalena seguimos firmes en el territorio, trabajando sin descanso y de manera articulada con todas las autoridades por la seguridad y la tranquilidad de nuestros habitantes. Reiteramos nuestro compromiso de combatir a los grupos que alteran la convivencia y de gestionar las medidas necesarias para fortalecer la Fuerza Pública en el departamento”, expresó Guerra a través de su cuenta en X.
Por su parte, el presidente De la Espriella destacó públicamente las acciones adelantadas en el Magdalena al compartir la información divulgada por la gobernadora sobre el restablecimiento de la movilidad.
Informe elaborado con asistencia de Inteligencia artificial, bajo la supervisión de un periodista. Fotografías cortesía Presidencia de la República, Gobernación del Magdalena, Alcaldía Distrital de Santa Marta.