El desplome de uno de sus muros es la señal más reciente del deterioro de un monumento que comenzó a contar la historia portuaria del Caribe colombiano hace casi dos siglos.

Por Jorge Medina Rendón Redacción La Gran Noticia

El mar, la erosión, el salitre, intervenciones parciales y largos períodos sin una conservación integral han llevado al antiguo Castillo de San Antonio a una situación que exige algo más que reparaciones de emergencia.

Salvarlo supone entender primero qué se está perdiendo y reunir alrededor de su recuperación al Estado, la empresa privada, especialistas y comunidad.

Durante casi dos siglos estuvo allí, sobre el acantilado de Salgar, mirando el Caribe.

Vio llegar embarcaciones cuando Barranquilla apenas comenzaba a descubrir en el mar la posibilidad de convertirse en una ciudad comercial. Fue aduana, punto de vigilancia y testigo del movimiento de mercancías y viajeros que ayudaron a transformar esta parte del país.

Cambió de usos, sobrevivió a épocas de esplendor y abandono y terminó convertido en una de esas construcciones que ya no pertenecen únicamente a quienes las administran: pertenecen a la memoria.

Pero el Castillo de Salgar está dejando de ser solamente un edificio antiguo que acusa el paso del tiempo.

Está dando señales físicas de que puede perderse.

El 28 de septiembre una pared de su parte posterior colapsó. La zona había sido previamente acordonada ante el peligro de desplome y, después del episodio, se dispuso el cierre del acceso y la suspensión de actividades mientras se determinan las condiciones de seguridad del inmueble.

No cayó solamente un muro. Cayó una parte de una construcción declarada patrimonio cultural de la Nación.

Y quizás allí comienza la verdadera dimensión del problema.

De fortín frente al mar a monumento nacional

Los antecedentes del Castillo se encuentran en el antiguo Fortín de San Antonio, una instalación defensiva levantada durante el período colonial para controlar aquella entrada marítima y combatir el contrabando.

Sobre sus ruinas se levantó en 1848 la edificación asociada a la Aduana de Sabanilla, en momentos en que este litoral desempeñaba un papel fundamental en el comercio exterior de la joven República.

El lugar terminó ligado a una transformación mucho mayor. Sabanilla, Salgar, el Ferrocarril de Bolívar, Puerto Colombia y posteriormente su muelle forman capítulos sucesivos de una misma historia: la búsqueda de Barranquilla de una salida eficiente al mar.

Por allí circularon mercancías, viajeros e inmigrantes. El comercio exterior ayudó a modificar la economía y la composición social de Barranquilla y del Atlántico.

El Castillo quedó como uno de los testigos materiales de aquella época.

Con el paso de los años perdió su función aduanera y tuvo diferentes destinos. Fue utilizado como prisión, establecimiento educativo y posteriormente como espacio social, turístico y cultural.

En 1998, el Ministerio de Cultura reconoció formalmente su importancia al declarar el conjunto conformado por el Castillo de San Antonio de Salgar y el Muelle de Puerto Colombia Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

La declaratoria significó que cualquier intervención sobre el inmueble debía someterse a las normas especiales de protección del patrimonio cultural colombiano.

Pero una declaratoria protege jurídicamente un edificio.

No detiene por sí sola el mar, el salitre ni el abandono.

El enemigo también está debajo

La imagen actual puede inducir a pensar que el problema consiste en paredes envejecidas, humedad y falta de mantenimiento.

Es más profundo.

El Castillo ocupa un punto particularmente expuesto del litoral del Atlántico. Durante años, estudios y autoridades ambientales han advertido procesos de erosión costera, pérdida de terreno e inestabilidad en el corredor de Salgar y Punta Roca.

El mar actúa desde abajo y el clima desde afuera.

El oleaje erosiona el borde costero; el agua penetra materiales; el ambiente marino deposita sales; la humedad y los ciclos de lluvia y sequedad deterioran mamposterías, morteros y elementos metálicos. A ello se agrega el envejecimiento natural de una edificación histórica y las consecuencias acumuladas de períodos sin mantenimiento suficiente.

Por eso el deterioro visible no debería analizarse como una colección de daños aislados.

Una grieta, un desprendimiento, una filtración o un muro debilitado pueden ser síntomas diferentes de un mismo proceso.

Y ahora uno de esos muros cayó.

Las señales estaban allí

El desplome del 28 de septiembre adquiere mayor importancia porque ocurrió después de que sectores del inmueble hubieran sido restringidos precisamente por riesgo de caída.

La Gobernación del Atlántico ha reconocido el delicado estado del Castillo y anunció actuaciones para la consolidación de las ruinas y recuperación de fachadas y exteriores, con acompañamiento técnico del Ministerio de las Culturas.

También se encuentran comprometidos alrededor de $3.363 millones para obras relacionadas con redes eléctricas, subestación e iluminación interior y exterior.

Son intervenciones necesarias.

Pero corresponden a componentes específicos y no permiten concluir, por sí solas, que esté financiada la restauración integral del monumento.

Allí existe una diferencia fundamental.

Conservar un edificio histórico no consiste en devolverle una apariencia hermosa. Consiste en garantizar que pueda permanecer en pie.

Antes de acabados, iluminación o aprovechamiento turístico se requiere conocer con precisión la estabilidad de sus estructuras, las patologías de sus materiales, las condiciones del terreno y la incidencia que sobre él continúa teniendo la dinámica costera.

Un patrimonio entre varias competencias

El Castillo presenta además una dificultad frecuente en la conservación del patrimonio colombiano: ninguna institución puede resolver por sí sola todos sus problemas.

El Ministerio de las Culturas interviene porque se trata de un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional y tiene competencias sobre las actuaciones que puedan modificarlo.

La Gobernación del Atlántico participa en su recuperación y administración.

Las autoridades ambientales tienen responsabilidades relacionadas con la erosión, el litoral y las condiciones naturales que amenazan el entorno.

El municipio de Puerto Colombia tiene un interés territorial evidente.

Y cualquier solución estructural deberá incorporar especialistas en patrimonio, ingeniería, geotecnia, arquitectura, conservación y dinámica costera.

Pero existe un componente adicional: el dinero.

Una restauración rigurosa puede superar la capacidad inmediata de una sola fuente presupuestal. Y esperar indefinidamente a que aparezca una partida suficiente también constituye un riesgo cuando el deterioro continúa avanzando.

Es allí donde la participación privada deja de ser una propuesta extravagante y puede convertirse en una herramienta complementaria de conservación.

El patrimonio también puede unir

El modelo posible no consiste en reemplazar al Estado ni en entregar un monumento nacional al sector privado.

Consiste en sumar capacidades.

El Ministerio debe conservar la rectoría patrimonial y técnica que le corresponde. La Gobernación puede articular las intervenciones territoriales y los recursos públicos. Las autoridades ambientales deben atender la amenaza costera. La academia puede aportar conocimiento especializado.

Y empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir con recursos, conocimiento, restauración, mantenimiento y modelos que permitan que el inmueble recuperado tenga una utilización sostenible.

En ese escenario existen actores privados cuya presencia territorial permite, cuando menos, considerar su convocatoria.

Uno de ellos es Fundación Grupo Argos. El grupo empresarial mantiene inversiones y proyectos de desarrollo urbano en el corredor de Puerto Colombia y su fundación desarrolla programas relacionados con territorio, cultura y transformación social. Su eventual participación tendría que surgir de un acuerdo institucional y estar sometida, como cualquier intervención, a las reglas de conservación de un Bien de Interés Cultural.

También están la Fundación Puerto Colombia, universidades, empresas asentadas en el departamento y organizaciones culturales que durante años han trabajado por la memoria del antiguo puerto.

No se trata todavía de asignar obligaciones ni de anticipar compromisos que ninguno de ellos ha adquirido.

Se trata de reconocer que el tamaño del problema permite pensar en una solución colectiva.

Antes de restaurarlo hay que conocer cuánto queda por salvar

El derrumbe deja preguntas que deberían responderse técnicamente y hacerse públicas.

¿Cuál es hoy la condición estructural completa del Castillo?

¿Qué otros muros presentan riesgo?

¿Cuánto del deterioro procede directamente de la erosión costera?

¿Qué intervención requiere el terreno sobre el cual se levanta?

¿Cuáles obras son de emergencia y cuáles corresponden a una restauración definitiva?

¿Cuánto cuesta esa restauración?

¿Qué recursos existen?

¿Y cuánto falta?

Las respuestas permitirían pasar de una sucesión de reparaciones a un proyecto integral de salvamento con etapas, presupuesto, responsables y fuentes de financiación.

Porque quizá el mayor peligro no sea únicamente que vuelva a caer otra pared.

Es acostumbrarnos a verlo caer poco a poco.

El Castillo de Salgar sobrevivió al cambio de los puertos, al final de su función aduanera, a las transformaciones del litoral y a casi dos siglos de historia. Desde sus ventanas todavía se alcanza a mirar el mismo Caribe que justificó su existencia.

Ahora ocurre algo paradójico.

El edificio construido para vigilar el horizonte necesita que alguien lo mire.

Lo que durante generaciones fue fortaleza, aduana, referencia del paisaje y monumento empieza a parecer, muro tras muro, la arquitectura de la desidia.

Todavía estamos a tiempo de impedir que esa sea la última etapa de su historia.

Foto cortesía Henry Forero Jaramillo