Por Abelardo De La Espriella, presidente de la República

Bogotá, 4 de octubre de 2026. Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. No vine a administrar las costumbres de siempre ni a mirar para otro lado mientras convierten el Estado en negocio. Vine a cambiar la manera de gobernar y a defender, hasta el último peso, lo que es de la gente.

Cuando se roban un hospital, hay un colombiano esperando atención. Cuando se roban la alimentación escolar, hay un niño sin comida. Cuando inflan una carretera, un colegio o un acueducto, hay un pueblo pagando el precio. Robarse un peso del Estado es robárselo a los colombianos. Y en mi Gobierno eso tiene consecuencias.

Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas. Les dije, con la ironía que merecen: «Aplaudan. ¿Por qué no aplauden?». Ese silencio es el termómetro.

Un alcalde honesto debería ser el primero en ponerse de pie cuando el presidente anuncia que la plata pública se vigila hasta el último peso. Por cada peso que mande, yo mismo voy a verificar las obras. El que toque la plata pública en la era del Tigre termina preso.

En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: «¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?».

Yo no condeno ni reemplazo a los jueces. Tampoco cierro los ojos. Sincelejo y Sucre tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes. No confío en malas prácticas para el manejo de la plata pública.

En Montería fui igual de claro con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Le ordené al Ministerio de Educación, dentro de sus competencias, ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

La autonomía universitaria se respeta. Autonomía no es ausencia de controles ni patente para atornillarse con corrupción y politiquería. La Universidad de Córdoba no tiene propietarios: pertenece a los cordobeses y a sus estudiantes. Las autoridades dirán si hubo irregularidades. Nosotros garantizamos el debido proceso. Nadie que administre plata de los colombianos está por encima del escrutinio.

La misma mano cae sobre la Universidad de Pamplona. El Consejo de Estado anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez. Hay denuncias de manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido. Ordené a la señora ministra, Ilva Miryam Hoyos, ejercer vigilancia inmediata. Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos.

En Bomberos también actué con contundencia. Cuando conocí actuaciones del director Germán Miranda, claramente corruptas, su presencia se tornó incompatible con mi Gobierno. Ese corrupto rompió la confianza y la lealtad y no podía seguir en su cargo. Le pedí al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declarara insubsistente, ipso facto, su nombramiento. Así se hizo.

Las autoridades establecerán las responsabilidades. Yo no soy juez. Soy el presidente y decidido quién merece mi confianza. Una cosa es la presunción de inocencia y otra, el derecho a permanecer en un cargo. Quien pierde mi confianza por sus actos corruptos o desleales se va. No hay contemplaciones.

Estos no pueden ser esfuerzos aislados. Por eso creé el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y designé a la magistrada Cristina Lombana como secretaría de Transparencia. Ella será la zarina anticorrupción de este Gobierno: carácter de hierro para una tarea de hierro.

No quiero otra oficina burocrática. Quiero resultados, información, tecnología, análisis y coordinación. La instrucción para ella es una: perseguir a los corruptos y cuidar la plata del pueblo.

Para ello, ya se está trabajando con agentes encubiertos en la administración pública para investigar a los corruptos. Y tengan en cuenta: la corrupción es un delito transnacional y así hemos comenzado a combatirla. Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo ya disfrutar de su botón en países desarrollados: se les acaba su Disney World.

Doctora Lombana, hay que vigilar los contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, cuando la ley lo permite. Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Queremos llegar antes.

Si hay evidencia de delito, falta o detrimento, se remite de inmediato a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Aquí no hay tribunales políticos. Hay denuncias y justicia.

Y que nadie crea que esto mira solo hacia adelante. También ponemos el espejo retrovisor. Los colombianos tienen derecho a saber qué pasó con sus recursos en el Gobierno anterior: cuentas, contratos, obligaciones, lo que desapareció y lo que deterioraron.

Ya aparecen asuntos que merecen explicación. Por ejemplo, he conocido el contrato interadministrativo 1166 de 2026, del programa Ciberpaz, celebrado entre la anterior administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ya mencionada Universidad de Pamplona, por 14.984 millones de pesos. Casi 15.000 millones para sensibilizaciones, formaciones, inclusión digital y una estrategia de comunicación.

Señora ministra Alexandra Falla, el país debe saber en qué gastó el Gobierno pasado cada peso, cuánto costó cada actividad, dónde se hizo, quién participó, quién certificó y qué recibió el país. Que una auditoría forense determine si ese gasto tiene una justificación proporcional y verificable. Y, si es una vagabundería, que se denuncie ante la justicia.

Casos como este entran a la auditoría forense contractual. No perseguimos personas por política. Perseguimos la plata cuando hay razones objetivas para preguntar qué hicieron con ella.

Esta lucha pierde autoridad si solo mira hacia afuera. En mi Gobierno nadie tiene excepciones: ni ministros, ni directores, ni contratistas, ni aliados, ni amigos, ni los más cercanos a mi familia.

La amistad y el parentesco no dan patente de corso en el Gobierno del Tigre. Si alguien llama diciendo que viene de parte mía, de mi familia o de un cercano para pedir un favor indebido, no lo atiendan: denúncienlo.

A los funcionarios honestos, todo mi respaldo. A los ciudadanos: denuncien y documenten. A quienes todavía creen que el Estado es para enriquecerse: se les acabó la fiesta.

Vamos a mirar hacia adelante y por el espejo retrovisor. Vamos a seguir la plata, a prevenir, a denunciar y a recuperar lo que la ley permita. Empezamos por casa. Nadie está por encima de esta regla.

Yo no vine a hacer la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre. La plata pública es sagrada. Y, mientras yo sea presidente, quien quiera robársela tendrá al Estado de frente.

De eso se trata la Patria Milagro también: cuidar hasta el último peso para que termine convertido en obras, y no en el botín de los corruptos de siempre.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

Abelardo De La Espriella

Presidente de la República