• El proyecto propone reducir la tarifa general de renta de las empresas de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028 en adelante, pero al mismo tiempo modificaría costos asociados con nómina, IVA y algunos beneficios tributarios.
• La exoneración de aportes a salud, Sena e Icbf se reduciría de 10 a 2 smlmv a partir del 1 de enero de 2027, por lo que las compañías con trabajadores por devenguen más de 2 smlmv deberían modelar el posible impacto sobre su costo laboral.
• Para KPMG, el impacto debe medirse en conjunto, con factores como impuestos, nómina, compras, inversión y exposición al gasto público antes de cerrar sus presupuestos de 2027.

Bogotá noviembre de 2026. La Ley de Rescate Económico ya está sobre la mesa y plantea una ecuación que las empresas tendrán que leer de forma integral.

El Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado el 29 de octubre en la Cámara de Representantes, y que tiene mensaje de urgencia, propone bajar gradualmente la tarifa de renta empresarial, pero al mismo tiempo disminuye la exoneración de aportes a salud, Sena e Icbf, modifica tratamiento de IVA a ciertos bienes y servicios, incluye reglas de estabilidad jurídica e incentivos a la inversión y adopta medidas dirigidas a racionalizar el gasto público. Por ahora se trata de un proyecto de Ley y ninguna de estas medidas está vigente.

Para KPMG, esta combinación de medidas hace que la pregunta empresarial no sea simplemente si una compañía pagaría más o menos impuesto de renta.

El efecto final dependerá de cómo interactúen las distintas medidas con su estructura de costos, composición de nómina, consumo de servicios, planes de inversión y relación comercial con el Estado.

El momento también es relevante para la planeación. Muchas compañías están definiendo presupuestos y decisiones de inversión para 2027 y, si el proyecto llegara a aprobarse durante 2026, varios cambios previstos en materia de renta y aportes comenzarían a tener efectos desde el próximo año.

“El análisis empresarial no debería quedarse únicamente en que baja la tarifa de renta. El proyecto combina una serie de medidas que pueden reducir determinadas cargas con otras que podrían incrementar costos de operación. Por eso, el ejercicio más útil en este momento es modelar el efecto conjunto sobre cada compañía y construir escenarios antes de cerrar definitivamente el presupuesto de 2027”, señaló Camilo Rodríguez de KPMG

Menor renta, pero un posible aumento en el costo de nómina

Uno de los cambios más visibles está en el impuesto de renta. El proyecto propone reducir la tarifa general de las sociedades, actualmente en 35%, a 33% en 2027 y 31% desde 2028 en adelante.

Sin embargo, esa reducción concurre con modificaciones relevantes en los aportes a salud, Sena e Icbf asociados con la nómina.

Hoy, el grueso de las sociedades están exoneradas de aportes patronales a salud, Sena e Icbf respecto de trabajadores que devengan menos de 10 smlmv ($17.510.000 año 2026) .

El proyecto propone disminuir la exoneración completa para los trabajadores que devenguen hasta dos smlmv ($3.502.000 año 2026),  un tratamiento especial para los que devenguen entre más de dos y hasta tres smlmv, (de $3. 503.000 hasta $5.253.000 año 2026) y un aporte pleno para los trabajadores que devenguen más de 3 smlmv ($5.254.000 año 2026). 

Para las compañías intensivas en mano de obra y talento, esto podría hacer que una disminución en la tarifa de renta conviva con un mayor costo mensual por trabajador, por lo que KPMG recomienda cruzar desde ahora la proyección tributaria con la estructura salarial y el presupuesto de personal.

“Dos empresas con la misma utilidad podrían experimentar efectos muy distintos dependiendo de su nómina. Por eso, no basta con proyectar la tasa de renta: también es necesario calcular qué pasa con los aportes asociados al personal y determinar si el eventual ahorro tributario compensa o no otros costos adicionales”, Camilo Rodríguez de KPMG

IVA: el impacto puede trasladarse a compras y operación

El proyecto también propone cambios importantes en IVA. Según el texto radicado, se elimina la tarifa del 5%, algunas exclusiones desaparecen desde la promulgación de la ley y otras modificaciones más amplias comenzarían a operar desde 2028.

Entre los cambios con impacto empresarial se encuentra la eliminación de exclusiones para determinados servicios de software para contenidos digitales, páginas web, hosting y computación en la nube, que podrían pasar a la tarifa general de 19%.

El proyecto también plantea eliminar la tarifa del 5% para vehículos eléctricos e híbridos pero su adquisición  mantiene su condición de medida de gestión eficiente de energía y, desde 2028, se amplía el universo de bienes y servicios gravados con la tarifa general.

Para las compañías, esto significa que la revisión presupuestal debería ir más allá del IVA que cobran a sus clientes e incluir el impacto que genera el impuesto asociado a compras tecnológicas, infraestructura digital, renovación de flotas y otros insumos relevantes para la operación.

Inversión: aparece un nuevo régimen especial

La Ley de Rescate Económico también incluye medidas de estímulo y estabilidad jurídica para atraer nuevas inversiones. Entre ellas aparece el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), que contempla tarifas de renta preferenciales para proyectos de gran escala que cumplan requisitos de inversión, empleo y demás condiciones previstas en el proyecto.

De acuerdo con la propuesta, determinadas inversiones que comiencen en 2027 o 2028 podrían acceder a una tarifa de renta de 20%, mientras las que inicien en 2029 tendrían una tarifa de 26%.

Para la firma, este componente abre una conversación distinta para empresas que estén evaluando expansiones relevantes. En esos casos será necesario comparar el régimen ordinario con los requisitos, beneficios y compromisos asociados al RUGE antes de definir la estructura de una nueva inversión.

El gasto público también puede impactar a proveedores

El proyecto no se limita a impuestos. El Gobierno plantea que una parte importante del ajuste fiscal provenga de reducciones y eficiencias en el gasto del Estado. Según la presentación oficial, cerca de 70% del ajuste previsto se apoyaría en medidas de recorte y eficiencia del gasto.

Esto introduce una variable adicional para empresas cuya demanda depende significativamente del sector público. Consultoras, proveedores de servicios profesionales, compañías de tecnología y otros contratistas estatales deberían incorporar posibles cambios en contratación y gasto dentro de sus escenarios comerciales para 2027.

La lectura empresarial, por tanto, no debería limitarse al frente tributario. Una compañía podría beneficiarse de una menor tasa de renta y, al mismo tiempo, enfrentar mayores costos laborales, cambios en IVA o una menor demanda de servicios proveniente de entidades públicas.

Antes de cerrar el presupuesto, conviene trabajar con escenarios

Para KPMG, el proyecto seguramente sufrirá cambios sustanciales durante su trámite en el Congreso, por lo que no sería recomendable tomar decisiones definitivas con base en el texto actualmente radicado.

Sin embargo, tampoco conviene ignorarlo en la planeación de 2027. Una revisión preliminar debería cruzar al menos cinco variables: impuesto de renta, costo total de nómina, IVA asociado a bienes y servicios relevantes, inversiones previstas y dependencia de contratos o demanda pública.

A partir de allí, las empresas pueden construir escenarios con las reglas vigentes y otros que incorporen los principales cambios propuestos.

“La planeación financiera en este momento requiere flexibilidad. El texto puede cambiar durante el trámite, pero ya permite identificar dónde podría estar la mayor exposición de cada compañía. Construir escenarios ahora ayuda a evitar que una modificación regulatoria obligue a rehacer completamente presupuestos, decisiones de contratación o planes de inversión cuando el año ya esté en marcha”, Camilo Rodríguez de KPMG 

El Proyecto de Ley 477 de 2026 todavía debe surtir su trámite en el Congreso y sus medidas pueden ser modificadas, eliminadas o ajustadas antes de convertirse en ley. Mientras eso ocurre, las empresas continúan sujetas a las normas actualmente vigentes.